La asistencia a espectáculos taurinos no tiene efectos nocivos sobre los niños

La Fundación del Toro de Lidia hace público el informe y la carta enviada al Comité de los Derechos del Niño de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU en relación con la recomendación sobre la prohibición de la asistencia a los toros a los menores de edad

El Ministerio de Cultura ha emitido, tras la reunión del Pentauro celebrada el pasado martes 24 de abril, una declaración institucional en la que asegura que «la asistencia de los menores de edad a los festejos taurinos se ajusta a la normativa internacional de Naciones Unidas sobre el menor».

Al hilo de esta declaración, la Fundación del Toro de Lidia (FTL) hace público el informe explicativo sobre la realidad de la recomendación realizada por el Comité de los Derechos del Niño de la Convención sobre los derechos del Niño de la ONU, así como la carta remitida a dicho Comité solicitando la rectificación.

La FTL expuso el pasado martes los resultados del informe referido a la recomendación sobre la participación y asistencia de los menores a los festejos taurinos ante el Pleno Nacional de Asuntos Taurinos, responsable de la declaración institucional.

Se trata de un documento que enmarca la recomendación reflejada por el Comité de los Derechos del Niño en su informe “Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de España” del 5 de marzo de 2018 en el que recomienda lo siguiente:

Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia.”

El informe realizado por la Fundación del Toro de Lidia recoge los siguientes puntos:

1- La declaración no la realizó el Organismo de las Naciones Unidas sino el Comité de los Derechos del Niño, conformado por expertos que no representan a sus países.

2- El Comité es un órgano consultivo compuesto por expertos en infancia, pero que, a la vista de su composición, todos ellos proceden de países que desconocen por completo el fenómeno cultural de la tauromaquia en los países con tradición.

3- A su vez, realizan esta recomendación basada en sus opiniones personales, sin soporte científico que relacione la asistencia de menores a espectáculos taurinos con efectos nocivos para dichos menores. Según la revisión de toda la información y documentación que se aportó al Comité, ningún documento trataba sobre los efectos de la tauromaquia sobre menores.

4- Por contra, los escasos estudios científicos que se han realizado expresamente sobre este asunto, y recogidos por la FTL en el informe presentado, confirman que no existe ningún efecto negativo para los menores por el hecho de asistir o participar en espectáculos taurinos.

En definitiva, el informe presentado por la Fundación del Toro de Lidia recoge que:

1- La ONU no ha realizado ninguna recomendación para que se prohíba la asistencia a menores a los toros.

2- No existe ningún estudio científico presentado que muestre efectos nocivos en los menores.

3- Al contrario, que existen estudios científicos que confirman lo opuesto.

Además de los estudios científicos, existen una serie de evidencias empíricas que refutan la tesis del Comité de los Derechos del Niño. En este sentido, se puede comprobar que España, un país conformado por una sociedad formada por personas que siendo menores han asistido a espectáculos taurinos, es el 15º país del mundo con menores tasas de homicidios (según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), 5º país más seguro de la OCDE (según Gallup World Poll), el 1º en el mundo en tolerancia frente a la homosexualidad (según estudio de Pew Research Center) o el 5º país de la OCDE de calidad de apoyo social (según Gallup World Poll).

Por tanto, no sólo hay datos científicos sino empíricos sobre la inexistencia de efectos nocivos para los menores que participan o acuden a espectáculos taurinos.

La FTL enviará el resultado del informe a los partidos políticos de las distintas CCAA con la finalidad de evitar que una recomendación sin base pudiera tener repercusiones legislativas.

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