España el único país que no puede prohibir la entrada de niños a los toros

03 febrero 2026 Redacción España, Por Redacción

España es el único país del mundo que no puede prohibir la entrada de los niños a las plazas de toros: Asociación Internacional de Tauromaquia.

El intento de Pedro Sánchez de privar a los niños españoles de ir a los toros hay que enfrentarlo con menos diálogo y más tribunales
Tan ruin y despreciable artimaña tiene nombres y apellidos
Ya basta de ataques miserables por parte de quienes están obligados a defender nuestra cultura

Después del estrepitoso fracaso del gobierno en su intento de derogar la Ley 18/2013 que regula la Tauromaquia como Patrimonio Cultural del pueblo español, los antitaurinos y los políticos que mendigan votos en su entorno y dirigen sus estrategias, asoman ahora como amenaza a la Fiesta, la reforma de la Ley Orgánica de protección integral de la infancia y la adolescencia (LOPIVI) para prohibir que los menores puedan acceder a las plazas de toros.

Esta sería la fórmula con la que el gobierno social comunista de Pedro Sánchez daría respuesta a la preocupación expresada dentro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas por uno de sus miembros, el islandés Bragi Gudbransson, quien, elucubrando, aseguró poco más o menos que “existen pruebas científicas de que la Tauromaquia normaliza la violencia infantil”, sin presentar prueba alguna, cuando son millones los testimonios en sentido contrario de quienes desde niños, durante siglos han venido asistiendo a los toros sin secuela psicológica alguna.

Obviamente, detrás de esta artimaña no hay otra cosa que la obsesión manifiesta de los políticos del gobierno social comunista de continuar lanzando globos a la palestra, buscando diluir el desastre, también manifiesto, de la gestión de Pedro Sánchez al frente del ejecutivo nacional.

Pero como esta historia se hace interminable vamos a intentar explicar de una vez por todas, que la Tauromaquia en España está blindada, como no lo ha hecho ningún otros país del mundo, por una ley nacional que la declaró Patrimonio Cultural de TODOS los españoles, sin distinción de edad, sexo, raza o religión, y si así lo quiso el legislador, no puede contradecirlo o tergiversarlo cualquiera, porque donde no distingue el legislador, mal puede distinguir el intérprete, dado que además de no ser lícito, contradice la seguridad jurídica.

Fue la misma organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que regula qué forma parte de nuestra cultura, la que dictó dos Convenciones Internacionales para resguardar y proteger nuestra diversidad cultural durante los años 2003 y 2005, y fue en estas Convenciones en las que se basó nuestro legislador.

Pues bien, estas Convenciones otorgan la competencia para decidir qué forma o no forma parte del Patrimonio Cultural de los pueblos, a los propios pueblos, sus comunidades e incluso sus individuos.

Los niños son parte del pueblo español, como lo son también sus abuelos y sus padres, quienes en última instancia son los únicos que pueden decidir sobre esto y decidir su autorización de acudir a los toros, o no, mientras estos estén bajo su potestad, pero lo que no puede ser es que un Comité de Naciones Unidas, contradiga lo que disponen sus propios tratados internacionales, acordados por los 185 países que integran la UNESCO, y menos aún, que sea el propio gobierno español el que inste una reforma maliciosa y oscura de una ley, con la que se pretenda burlar lo ya dispuesto por el Parlamento español.

Pero es que, además, es la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas la que garantiza el derecho que tienen los niños a tener acceso a la cultura de la que forman parte, y señores, por más que no les guste, la Fiesta de los Toros forma parte del Patrimonio Cultural del pueblo español.

Trabajamos desde la AIT durante más de diez años para lograr esa ley, recorrimos España entera y cientos de pueblos, ciudades e incluso Comunidades, aprobaron en sus ayuntamientos, diputaciones y parlamentos este reconocimiento de patrimonio cultural inmaterial de sus celebraciones taurinas, que luego fue trasladado al Congreso de los Diputados como una Iniciativa Legislativa Popular, para convertirse en la Ley 18/2013 de 12 de noviembre, que regula la Tauromaquia como Patrimonio Cultural del Pueblo español.

Esta protección cultural es única, ninguna otra expresión de las artes, las ciencias y la cultura de nuestro país, dispone de una ley similar. El artículo 2 de dicha ley establece: La Tauromaquia en los términos definidos en el artículo 1, forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, de acuerdo con la normativa aplicable y los tratados internacionales sobre la materia.

Y es la propia ley, en su artículo 3 la que dispone: Deber de protección. En su condición de Patrimonio Cultural, los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución.

Y es justamente este artículo 46 el que reza: ¡La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio! Está claro entonces. ¡Ya sabemos quiénes tienen la competencia para la protección y contra quién se tiene que ir!

Ya basta de ataques miserables por parte, incluso, de quienes están obligados a defender nuestra cultura. Los antitaurinos, políticos o no, basan sus argumentos en una supuesta e infundada superioridad moral que les hace creer que ellos no tienen que respetar las leyes y allí está su mayor error.

Las leyes existen y en nuestras sociedades civilizadas se aprueban para mantener el orden social. Nadie, léase bien, NADIE, está por encima de las leyes y la Constitución que nos rigen, y si quien pretende burlarlas está investido de autoridad, su conducta está sujeta a la condición delictiva del prevaricador.

El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, está integrado por “expertos” de diferentes nacionalidades que difícilmente conocen la cultura española (Togo, Omán, Marruecos, Argentina, Bután, Panamá, Kenia, Islandia, Moldavia, Suiza, Georgia, Zambia, Barbados, Etiopía, Níger, Malta, Mauritania y Bélgica) que tratan de influir en los valores intrínsecos de una cultura que solo le pertenece al pueblo español, pero que encuentran en nuestro territorio a traidores que, creyéndose en superioridad moral o vendiéndose por un puñado de votos arremeten contra los valores esenciales de la cultura de sus pueblos.

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